La urgencia

Luis Javier Garrido
Cuál es la prisa del grupo en el poder por entregar Pemex?

1. La propuesta legislativa en materia petrolera con la que Felipe Calderón ha pretendido engañar no tan sólo a los legisladores, sino sobre todo al pueblo mexicano, ha sido evidenciada en los debates de las últimas semanas como violatoria de la Constitución, absolutamente privatizadora, contraria a los intereses del pueblo mexicano y lesiva para la nación, no obstante lo cual el titular espurio del Ejecutivo ha seguido insistiendo con nerviosismo en que debe ser aprobada por el Congreso de la Unión y continúa maquinando con toda la fuerza del Estado tratando de imponerla al país.



2. El nerviosismo de Calderón, lejos de disminuir, se ha exacerbado, pues ahora ya está claro en todos los ámbitos del país que el esquema de “reorganización” de la industria petrolera mexicana preparado por su grupo, lejos de responder a los presupuestos de modernización que se anunciaron corresponden al plan de un grupo de delincuentes de Estado para apropiarse de un patrimonio fundamental de la nación: privatizando abiertamente la refinación, al igual que el transporte, el almacenamiento y la distribución de los productos, manteniendo contratos anticonstitucionales para ceder tareas de exploración y explotación, y creando un régimen de excepción a un Pemex al margen de la legalidad para permitir la entrega a pedazos de la industria.

3. El gobierno de facto no ocultó la urgencia que tenía por acelerar de manera irreversible en 2008 el proceso de privatización de la industria petrolera mexicana, y en consecuencia no ha logrado evitar que se entiendan cuáles son sus principales móviles para ello, los que van desde a) su necesidad de disponer de recursos frescos para lubricar la maquinaria de imposición electoral con vistas a los comicios legislativos de 2009, sobre todo b) ante la incertidumbre de cuál será la composición de la Cámara de Diputados de la 61 Legislatura que se instalará en 2009 y, sobre todo, c) su compromiso de cumplir cuanto antes con los acuerdos tenidos con diversas corporaciones trasnacionales a las cuales se halla vinculado Calderón desde los días del fraude electoral de 2006, en razón de la situación política prevaleciente en Estados Unidos.

4. La urgencia de Mouriño y Calderón por privatizar la industria petrolera mexicana estuvo además determinada desde un principio por las evidencias de que el tiempo jugaría en contra de sus pretensiones de engañar a los mexicanos con una serie de documentos mañosamente redactados y presentados por la propaganda oficial como lo que no eran, pues d) a medida que las iniciativas oficiales fueran discutidas se iría evidenciando su naturaleza, lo que permitiría el crecimiento y la organización del movimiento popular, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como aconteció, pero también, por otra parte, e) la profundización de la discusión en los partidos políticos y en particular en el PRI y en toda la llamada “clase política”, donde Calderón ha creído contar con sus mejores aliados, lo que está ahora sucediendo.

5. Una última explicación que se ha venido dando a la situación actual se halla, por otro lado, en razones síquicas y médicas y atañe al estado personal de quien se asume titular –espurio desde luego– del Ejecutivo, lo que es ya motivo de especulaciones en especial en el sector privado, muchos de cuyos dirigentes se hallan arrepentidos de haber colaborado al fraude para imponerlo, pues Calderón ha fracasado en toda la línea en sus pretensiones y su desfase de la realidad social es cada vez mayor.

6. La insistencia de Felipe Calderón en seguir mintiendo y aseverando que sus iniciativas no son privatizadoras o que no han sido comprendidas no hacen ver más que un desequilibrio y una incapacidad para decidir en asuntos de trascendencia.

7. Esa impaciencia de Calderón por entregar el petróleo de México a las trasnacionales asociadas a la familia Bush deriva, por ejemplo, en buena medida de la urgencia que tiene de retribuir a éstas y a sus protectores republicanos la ayuda financiera que le brindaron en 2006, sobre todo ante la inminente salida de George W. Bush de la Casa Blanca, pues el horizonte que se avecina en Estados Unidos no es claro para la banda de Calderón y de Mouriño, ya que cada vez más se proyecta a nivel internacional su imagen de dirigentes de un grupúsculo corrupto e incompetente.

8. El debate sobre el petróleo y la crisis de la energía está marcando también, por las presiones de las trasnacionales, la campaña presidencial en Estados Unidos, pues mientras el republicano John McCain exige, secundado por Bush, que se levante la prohibición que existe por razones ecológicas para explotar el petróleo en las costas estadunidenses, con el argumento, según ellos, de ya no tener que depender de “regímenes hostiles”, como Irán o Venezuela, el demócrata Barack Obama se opone a esto argumentando que conduciría a la destrucción de la Florida, California y Alaska (El País, 19/6/08). Las motivaciones de tal exigencia son claras, pues provienen de las grandes trasnacionales petroleras de origen estadunidense que, ante las dificultades crecientes que encuentran en el mundo entero para su expansión, pretenden no tener más alternativa que volverse a Estados Unidos.

9. En este escenario de mentiras y engaños, el papel que tienen ahora los legisladores del PRI ha adquirido, por consiguiente, la mayor importancia, de ahí que las especulaciones sobre lo que puede estar pasando sólo puede atajarlas la prudencia a que están obligados para enfrentar el desafío de desechar la propuesta de Calderón e intentar presentar y negociar otra, pues las especulaciones son muchas: la entrevista de Beltrones con el subsecretario Negroponte en Washington esta semana, los posibles acuerdos Salinas-Calderón para exonerar a Raúl de la acusación de narco a cambio de la pérdida de sus fondos en Suiza, los rumores sobre dádivas del gobierno a los legisladores.

10. Las prisas de la mafia de Mouriño y Calderón contrastan en todo caso con la serenidad de los mexicanos, la cual no debe confundir, pues hay ya un amplio movimiento dispuesto a defender el petróleo en manos de la nación como una cuestión fundamental. La Jornada.

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Política petrolera (una respuesta) segunda parte

Plantear una política petrolera, la que hoy demanda nuestro país, es hablar de muchas cosas más. El gobierno, insisto en ello, poco nos ha dicho al respecto.

En marzo pasado, la Secretaría de Energía hizo público un diagnóstico sobre Petróleos Mexicanos (Pemex). En ese documento la dependencia presenta una visión tendenciosa, alarmista y catastrófica del organismo y las actividades que realiza, destacando supuestas insuficiencias y carencias en su capacidad de ejecución, falta de recursos para invertir e indisponibilidad de tecnologías para el trabajo en aguas profundas. Son argumentos sin sustento, que caen por su propio peso.

El diagnóstico no dimensiona la capacidad de ejecución de la que supuestamente carece Pemex, ni las áreas de la industria en las que considera se presentan los déficit en este aspecto; tampoco señala la magnitud y origen de los recursos necesarios para realizar lo que supuestamente hace falta y sólo hace ver que Pemex no cuenta con recursos y que se requeriría de créditos o de inversiones de particulares para sacar adelante a la industria, y tampoco precisa cuáles son las tecnologías con las que no cuenta y a las que debe acceder Pemex para trabajar aguas profundas.

Debe aclararse que los trabajos en aguas profundas no se realizan a partir de tecnologías patentadas o de fórmulas que se apliquen con carácter universal. Cada proyecto reclama un diseño y una ejecución particulares. Sin tener acceso a las tecnologías, según el gobierno, Pemex, reconocido así por el propio gobierno, ya ha realizado la perforación de siete pozos en aguas profundas, además de que ha ordenado la construcción de varios equipos para realizar trabajo en esas aguas. Por otro lado, Pemex ha solicitado a la Secretaría de Energía permisos para llevar a cabo el reconocimiento y exploración superficial en el área del Cinturón Plegado Perdido y de la llamada región B del Golfo de México, en una superficie de 514 mil 370 kilómetros cuadrados, con tirantes de agua que van de los 300 hasta los 3 mil 500 metros, esto es, estudios a realizar dentro de la zona económica de México y en el polígono de alta mar oriental de aguas internacionales, que limitan con Estados Unidos y Cuba. O sea que viendo todo esto, Pemex, en contradicción con lo que señala el diagnóstico de la Secretaría de Energía, sí cuenta con las tecnologías para desarrollar trabajos en aguas profundas y ultraprofundas.

El diagnóstico también hace referencia a que existen rezagos en la industria petrolera. Ha sido frecuente escuchar de altos funcionarios de la administración que inversiones que se hicieron y se hacen en el extranjero para abastecer mercados mexicanos generan empleos y derramas económicas en otros países en vez de hacerlo en el nuestro. Desde luego que existen rezagos, es ésa una de las consecuencias de tres décadas de políticas antinacionales, años transcurridos sin que se construya una sola refinería en nuestro territorio, a pesar de tenerse conciencia de que aumentaba día a día la necesidad de importar refinados. Rezagos equivalentes se encuentran en materia de exploración y reposición de reservas, en el mantenimiento y extensión de las redes de ductos, en las terminales de almacenamiento, las plantas petroquímicas y en toda la industria estatal. Ese abandono ha sido intencionado. Se prefirió ceder mercados muy lucrativos, que pudo haber cubierto la industria estatal de haber sido favorecida como lo han sido productores extranjeros. Se ha aplicado concienzudamente la estrategia ordenada a los más recientes gobiernos del país por organismos financieros internacionales, de poner a Pemex “a punto de privatización”. Y las más recientes administraciones han sido obedientes y en extremo eficientes en ello.

Un primer paso para recuperar la industria petrolera para el país debiera ser el de enmarcar las asignaciones presupuestales de Pemex en criterios técnicos, económicos y estratégicos para su modernización y expansión, y no seguir dejando que la política petrolera la decida la Secretaría de Hacienda, en función sólo de maximizar la aportación de Pemex a los ingresos fiscales que recauda el gobierno. Esto es, conceder efectiva autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, de modo que esté en capacidad de desarrollar una política de precios competitiva y de tener acceso, como cualquier entidad productiva, al mercado de capitales.

Si, en el caso de los precios, el gobierno decide que ciertos productos se subsidien, los subsidios debieran correr por cuenta del propio gobierno federal como tal y no cargarlos a los recursos de la entidad productiva, Pemex en este caso.

La decisión de otorgar autonomía presupuestal a Pemex debiera ir acompañada de las instrucciones, decretos o en su caso iniciativas de ley del titular del Ejecutivo para que la deuda que se ha obligado a contraer a la paraestatal con el esquema de pidiregas, sea absorbida por la Secretaría de Hacienda, para hacer con ello efectiva esa autonomía y liberar a Pemex de un lastre financiero que la coartaría. Una decisión en este sentido sería una muestra de voluntad del Ejecutivo por realmente conceder autonomía al organismo y muestra también de la decisión de arrancarlo del estrangulamiento al que lo tiene sometido Hacienda.

Una política sana, por otra parte, sería la de buscar que Pemex financiara sus actividades, principalmente, a partir de los ingresos que genera. No puede aceptarse que no haya habido, no hay y no habrá dinero, cuando se está viendo que en los años recientes el excedente petrolero ha ido de 10 mil a 18 mil millones de dólares y que este año seguramente rebasará los 20 o 25 mil. Con una cifra mucho menor que ésa se pueden construir las refinerías que evitarían una fuerte sangría económica al país, que este año rondará los 20 mil millones de dólares, cubrir además el pasivo de mantenimiento, estimado por el director general de Pemex en 3 mil millones de dólares, y hacer muchas cosas más, pues con precios altos del crudo que se prevén aun para años próximos, de liberar esos excedentes a Pemex, se le liberaría de problemas, carencias e insuficiencias.

Y en función de recursos y concretamente en materia de legislación, debiera preverse como parte de la decisión de dar autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableciera que los llamados excedentes petroleros –la diferencia entre el precio del barril de crudo estimado en el presupuesto federal y el precio efectivo de venta–, que al hacer efectiva la autonomía debieran desaparecer como tales para ser sustituidos conceptualmente por utilidades o pérdidas, quedaran a disposición del organismo, para invertirlos en los programas que se le autoricen; y preverse asimismo que en la Ley de Ingresos no se le imponga la obligación de congelar el llamado superávit primario, que sólo en lo que corresponde a este año ascenderá a unos 15 mil millones de dólares y, desde luego, decidirse a ir al fondo, que es la realización de una verdadera reforma fiscal, que despetrolice las finanzas públicas y establezca como principal fuente de recursos públicos los impuestos que se recauden de las personas físicas y morales que obtienen los ingresos más elevados en el país.

Una nueva política, patriótica y racional, debiera llevar a Petróleos Mexicanos y a la industria petrolera a recuperar el papel de impulsores del crecimiento económico y la industrialización, de motores de la formación de capital nacional, proveedores de energéticos baratos para la economía del país, de contribuyentes a una balanza de pagos sana, convirtiendo a Pemex, con esa visión, en un ente productivo de alcances globales, que obtuviera sus ingresos principales de la venta de productos con alto valor agregado, tecnología y capacidad empresarial.

Para ello, nuestra industria petrolera no debe seguirse desarrollando como en las décadas recientes, en función de un solo objetivo prioritario, que ha sido producir crudo, sujeta a los intereses políticos coyunturales de la Secretaría de Hacienda. Por eso, al mismo tiempo que se revisa la legislación en la materia, como sucede actualmente, debe procederse a la elaboración de un plan de desarrollo de Petróleos Mexicanos, de la industria petrolera y del sector energético en su conjunto, de corto, mediano y largo plazos, que considere actividades debidamente dimensionadas, recursos necesarios y sus fuentes, así como los tiempos de ejecución, que fuera aprobado por el Senado y al que éste supervisara en su realización.

El punto de partida de cualquier plan de desarrollo de la industria petrolera, de cualquier diseño de política petrolera, está en la determinación de la plataforma anual de explotación, es decir, la extracción que se haga de hidrocarburos de los yacimientos en aprovechamiento, y del índice de reposición de reservas, con lo que se establece la relación entre los volúmenes que se explotan y la vida de las reservas.

Hoy andamos mal. México cuenta con reservas probadas para nueve años y la reposición de reservas apenas ha alcanzado en los años recientes 25 por ciento, y no 100 por ciento como debiera ser como mínimo. Ello se debe a más de un cuarto de siglo de mala política que sólo ha tenido como objetivos que la explotación del petróleo aporte a los fondos fiscales del gobierno y ceder mercados domésticos a productores extranjeros, desentendiéndose de las necesidades de impulsar la exploración.

Un hecho que no debe perderse de vista es que la producción de nuestros yacimientos más importantes, de acuerdo con datos oficiales, ha declinado de 2004 a la fecha en 472 mil barriles diarios y mantiene la tendencia a la disminución de la producción; en años recientes la plataforma de explotación se ha estado moviendo en el orden de 3 millones de barriles por día; de mantenerse esa extracción, el país dispone de reservas probadas para satisfacer el consumo interno y aportar el resto a la exportación de crudo, como ya se señaló, sólo para nueve años.

Si el potencial de producción disminuye; si la tasa de restitución de reservas ha sido insuficiente; si es altamente previsible que los recursos explotables en la próxima década difícilmente podrán sostener la actual plataforma de producción; si el país requiera sólo de un millón 700 mil barriles diarios para atender la demanda interna y no de 3 millones; si conocer el potencial de los recursos prospectivos, aquellos que todavía no se conocen, apenas detectados y en su mayor proporción ubicados en aguas profundas, y empezar a obtener producción de ellos va a tomar ocho o más años y los porcentajes de éxito en la perforación en aguas profundas son, en el mejor de los casos, del orden del 10 por ciento; si la explotación de cualquier nuevo depósito va a tener costos más elevados que los actuales y demandará de tecnologías más complejas, resulta obvia la necesidad de poner en práctica una política de manejo de las reservas que prolongue su vida, que reduzca gradualmente la exportación de crudo hasta eliminarla, que fomente la exportación de productos con alto valor agregado, permita realizar en las mejores condiciones posibles la transformación de la base energética del país –esto es, dejar de depender de los hidrocarburos como fuente de combustibles– y evite situaciones traumáticas para el país, ante el agotamiento reconocido de nuestros yacimientos y de las reservas mundiales.

Es urgente que el gobierno presente a la nación sus propuestas sobre política petrolera, que no están contenidas en las iniciativas que el Ejecutivo remitió al Congreso. En ellas tendría que dar a conocer los objetivos políticos, económicos y sociales que persigue, así como sus criterios sobre el manejo de reservas, las plataformas de explotación, las fuentes de financiamiento de los programas de desarrollo de la industria del petróleo, su visión sobre las relaciones de ésta con otras ramas de la industria y de la economía en general, la sustitución de importaciones, etcétera.

En fin, mucho más habría que decir de la industria petrolera y de Petróleos Mexicanos, y para dar una discusión informada, a la que el titular del Ejecutivo está convocando con sus declaraciones, el gobierno tiene la obligación de fijar sus posiciones, entre otras muchas cuestiones, sobre la puesta en práctica de un verdadero sistema de planeación para el sector energético; sobre la participación de Pemex en la industria del gas licuado y los proyectos de regasificación; sobre sus posibilidades como proveedor de gas para la Comisión Federal de Electricidad; los pasivos ambientales y laborales, que se presentan y contabilizan como si el organismo se encontrara en liquidación; sobre el fomento a la utilización de las energías renovables y no convencionales; el estímulo y prioridad que a partir de la actividad petrolera debe darse a la industria de la construcción y en general a la empresa mexicana; el fortalecimiento del Instituto Mexicano del Petróleo; sobre la creación de un organismo especializado en el comercio y desarrollo del gas natural en el que participaran Pemex y la Comisión Federal de Electricidad; las políticas ambientales que deben acompañar a la industria energética; sobre el reconocimiento de los productos ahora clasificados como petroquímicos básicos, que científicamente no son petroquímicos sino petrolíferos, y la recuperación de su clasificación y reconocimiento legal como básicos de aquellos que efectivamente lo son; la necesidad de revisar y dar racionalidad a los precios de transferencia entre subsidiarias de Pemex; sobre el fomento a las prácticas de ahorro de energía, etcétera.

Así como se ha abierto la discusión sobre eventuales reformas legislativas, es preciso iniciar ya la discusión sobre cómo debe desarrollarse la industria petrolera. Demandemos al gobierno que presente sus propuestas de producción, de las actividades a realizar en materia de exploración, refinación, transporte, almacenamiento, etcétera, de los montos y las fuentes de financiamiento que se requerirían para ello y su distribución en el tiempo, así como de los mecanismos de regulación que estime necesarios para una industria petrolera pública que opere con autonomía presupuestal y de gestión. Los ciudadanos tenemos derecho a que el gobierno nos informe. Podremos así manifestar con una base objetiva y de responsabilidad nuestro apoyo o nuestro rechazo a las propuestas oficiales, siempre y necesariamente de acuerdo a nuestra particular ideología. Podremos así, sobre todo, contribuir a que México ponga en práctica una política petrolera que vuelva a tener la condición de palanca principal del crecimiento económico y el bienestar social y, a través de ellos, del fortalecimiento de nuestra soberanía como nación. La Jornada .

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Política petrolera (una respuesta)

Cuauhtémoc Cárdenas /I
El viaje del titular del Ejecutivo a España ha estado lleno de declaraciones, las cuales han presentado una visión totalmente equivocada sobre los foros para tratar cuestiones petroleras, convocados por el Senado de la República.

Primero, debe decirse que la propuesta hecha por el mandatario no es propiamente sobre la política petrolera, como parecería desprenderse de sus declaraciones, sino que se trata de seis iniciativas: cinco de reforma a varias leyes y una para la creación de una comisión. En ningún caso, entonces, ni en México ni en España, ha hecho pública alguna propuesta sobre políticas petroleras, es decir, el programa de trabajo o plan de desarrollo de dicha industria, a partir de lo cual pudieran discutirse sus criterios o planteamientos técnicos, económicos, financieros o de tiempos que, por otro lado, en varias de las presentaciones en el Senado y en otros foros celebrados en otras instituciones se han estado tocando. El gobierno parece no darse cuenta de que una cosa son las iniciativas de ley para cambiar el marco regulatorio de la industria petrolera, y otra, muy distinta, las ideas o las propuestas a ejecutar –obras, inversiones, volúmenes de producción, medidas de integración productiva, esquemas de gestión, etcétera– para reactivar y desarrollar la industria petrolera, aun cuando unas y otras estén relacionadas a la hora de llevar las segundas a la práctica.

El titular del Ejecutivo ha expresado: “no se han disputado elementos centrales de mi propuesta”. Se equivoca. Ha sido una constante en varios foros señalar, por ejemplo, la anticonstitucionalidad que contienen varias de sus iniciativas, entre ellas, y de manera destacada, la referente a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.

De aprobarse el artículo 4° de esta iniciativa, abriría el paso franco a la violación de la Carta Magna, pues permitiría la inversión de particulares en áreas de la industria petrolera reservadas de manera exclusiva a la nación. Dice el texto de este artículo: “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”, y continúa: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”.

De acuerdo con el 27 constitucional, el Estado está impedido, desautorizado, para contratar o dar concesiones a personas, físicas o morales, para que, tratándose del petróleo y los hidrocarburos, inviertan en las actividades de esa industria en las que por disposición de la propia Constitución sólo tiene cabida la nación.

En el artículo 2° de la propia iniciativa se pretende incorporar expresamente la categoría, hasta ahora inexistente en la ley vigente, de áreas estratégicas en la industria petrolera, para diferenciarlas de aquellas hasta hoy reservadas, en las que, pretende el gobierno, pudiera aceptarse la inversión privada, que son la exploración, la explotación, la refinación, la elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos de su refinación, el gas y los denominados petroquímicos básicos, que en conjunto integran lo que la ley vigente define en su artículo 3° como la industria petrolera, aquella reservada en exclusiva a la nación.

En el artículo 11, apartado III, se propone facultar a la Secretaría de Energía para que regule, por una parte, actividades estratégicas y, por otra, actividades en este caso de nueva aparición, a las que llama permisionadas, que se separarían de las ahora reservadas a la nación para abrirse a inversionistas privados. De llegarse a aprobar esta diferenciación dentro de la industria petrolera, la acción pública acabaría por quedar reducida a la extracción.

Una violación potencial más a la Constitución se encuentra en la eventual aprobación del artículo 46 de la iniciativa de nueva ley orgánica de Petróleos Mexicanos. Dice su texto que Pemex podrá celebrar contratos “sujetos al buen desempeño y generación de resultados”, en los que “se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”, y que “Petróleos Mexicanos podrá pactar incentivos tendentes a maximizar la eficiencia o el éxito de la obra o servicio”, es decir, contratos que la iniciativa llama de desempeño, que no serían otra cosa que de riesgo, cuyo pago se vincula a los resultados obtenidos –pago nulo en caso de cero resultados o un porcentaje pactado de la producción obtenida–, prohibidos expresamente por nuestras leyes.

Para terminar con el asunto de las violaciones constitucionales que entrañaría la aprobación de las iniciativas del gobierno tal como fueron enviadas al Congreso, habrá que decir que en la propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos, en su artículo 257 quáter, se considera aprobada ya la apertura a la inversión privada en los trabajos de exploración y explotación en aguas profundas, y de la iniciativa de ley que crearía la Comisión del Petróleo, podría desprenderse que hubiera concesionarios de la explotación distintos a Pemex, lo que prohíbe la ley en vigor.

La Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo no debe reformarse. Debe mantenerse como está y rechazarse la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Senado. Los contratos de desempeño o incentivados, que son de riesgo, no caben en la ley, así como tampoco la apertura a intereses particulares de los trabajos en aguas profundas.

El gobierno, que de acuerdo con el conjunto de iniciativas de ley que ha enviado al Congreso, se muestra urgido por entregar a inversionistas privados la explotación en aguas profundas, la refinación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de petróleo, gas y petroquímicos básicos, no se atreve a presentar con franqueza a la nación una propuesta de reformas constitucionales, y es por eso que se mueve por vericuetos legaloides, buscando complacer a inversionistas privados e intereses de dentro y fuera que pretenden una industria petrolera mexicana plenamente a su servicio.

Los de dentro, para beneficiarse con las utilidades que genera la industria del petróleo, áreas de la cual –de aprobarse las iniciativas oficiales– se les entregarían de manera privilegiada para manejarlas de acuerdo con sus particulares intereses. Los de fuera, que son básicamente los de los grandes negocios petroleros estadunidenses, para que nuestros hidrocarburos sigan contribuyendo a sostener su economía bélica y de dispendio energético, para asegurarse suministros cercanos, para seguir beneficiándose de los mercados mexicanos altamente lucrativos que se les han entregado y los que evidentemente no quieren perder, como los de los combustibles y los fertilizantes. Y en todo esto, no deben faltar jugosas comisiones, evidentemente no declaradas, para quienes en el pasado y en el presente han tomado o puedan tomar las grandes decisiones sobre la política petrolera.

Ahora bien, independientemente de la pretensión del gobierno de modificar el marco regulatorio de la industria petrolera admitiendo y alentando violaciones flagrantes a la Constitución, de aceptarse a inversionistas privados en las áreas que están reservadas en exclusiva a la nación, se provocaría el rompimiento de las cadenas productivas en una industria que ofrece los mejores resultados, tanto técnicos como económicos, cuando opera con la mayor integración posible y cuando, evidentemente, abastece mercados con la mayor amplitud posible.

Por ejemplo, de abrirse la posibilidad al transporte por ductos de propiedad y gestión privada, un sistema circulatorio energético que corre por todo el país podría manejarse con dos o más criterios distintos, incluso válidos desde los respectivos puntos de vista, pero contrapuestos en función de sus objetivos finales, que en el caso del sistema de ductos de Pemex, además de su eficiencia operativa, no debieran ser otros que el abasto suficiente y oportuno de petrolíferos a todo el país, independientemente del lucro que pudiera representar.

En el caso de la refinación, para dar otro ejemplo, es obvio que para un maquilador particular no sería aceptable el tratamiento que se da a la subsidiaria Pemex Refinación. A ésta se le entrega el petróleo al precio corriente internacionalmente –hoy en el orden de 130 dólares por barril de crudo– y la Secretaría de Hacienda le fija el valor a que debe vender los refinados, muy por debajo de costos internacionales, con lo que se hace operar a esta subsidiaria obligadamente con pérdidas. Un particular recibiría el crudo y entregaría a Pemex los combustibles sin que le importaran los precios de uno y otros, pues simplemente se le pagarían entre 16 y 20 dólares por barril maquilado en su refinería, lo que constituiría un negocio altamente lucrativo y más que seguro. Si a Pemex Refinación se le tratara como se pretende hacer con los particulares, sería una de las subsidiarias de Pemex con utilidades mayores y aseguradas.

La cesión de estas actividades a inversionistas privados, por otro lado, iría en contra de las tendencias que se observan en las grandes petroleras mundiales, privadas y públicas, que es la de tratar de integrarse productivamente lo más posible, operar en toda la cadena productiva con criterios y, sobre todo, con intereses comunes, y no al revés, como parece que pretende hoy el gobierno mexicano.

* * *

Recientemente también, el titular del Ejecutivo ha declarado que “la controversia ha estado más bien en los planos ideológico y político, pero en el plano técnico y de los hechos que busca la reforma, no ha habido realmente una polémica”.

Desde luego, todo lo que se ha estado expresando en los foros sobre el petróleo, al igual que las iniciativas del Ejecutivo, parten de las concepciones ideológicas y las posiciones políticas de las personas que elaboraron las iniciativas y de aquellas que en los foros hemos manifestado nuestras opiniones sobre los diferentes temas tratados. No podría ser de otra manera.

Ahora bien, debe destacarse que fuera de las seis iniciativas, es el gobierno el que no ha tenido propuesta en los terrenos técnicos y económicos, salvo expresiones de que con los cambios del marco regulatorio de la industria petrolera, como por arte de magia –sin precisar actividades, ni menos inversiones requeridas, fuentes de éstas, y tiempos– se tendría una industria petrolera reactivada y en expansión. Y debe agregarse que el gobierno no ha dado pie para la discusión técnica sobre la programación de corto, mediano y largo plazos en la industria petrolera, de las actividades a realizar, de sus fuentes de financiamiento, de sus tiempos de ejecución; de todo ello ni una palabra.

El titular del Ejecutivo declaró en España que si se aprueba su iniciativa de reformas, México podría convertirse en el cuarto productor mundial de petróleo –frente al sexto lugar que ahora ocupa–, que se elevaría la producción de gas y de petróleo, que aumentarían las reservas probadas de nueve a por lo menos 40 años más y que permitiría producir toda la gasolina que necesita el país y reducir su importación.

Declarar lo anterior no es entrar al debate técnico-económico. Es una profesión de fe, a la que no se le da sustento material alguno, ya sea político, técnico o financiero. Es más, aun aceptando que se tratara de una manifestación de intenciones, ésta en particular, de llevarse a la práctica, resultaría en un grave riesgo para el futuro de México y los mexicanos.

Y si por técnico se entiende hablar de cifras, empecemos con algunas.

El titular del Ejecutivo pretende que México aumente su producción de petróleo y gas, aunque no dice en qué cantidades. Me parece que orientar los trabajos de Pemex en ese sentido sería altamente riesgoso para el país.

Elevar la extracción de hidrocarburos representaría que la actual reserva probada se agotara en un tiempo más corto de los nueve años de vida que ahora se le estiman, o los 40 años de que ha hablado el titular del Ejecutivo, porque se incrementará la actividad exploratoria y con ello el volumen de las reservas probadas se acortará.

La plataforma de producción de los años recientes se sitúa en el orden de 3 millones de barriles diarios. En estas condiciones ahora se tienen reservas probadas para nueve años. Si se convirtieran en probadas las reservas calificadas como probables y posibles, se llegaría a un total de 44 mil 500 millones de barriles, que manteniendo los ritmos de explotación actuales darían para el abasto de unos 30 años. Si aumenta la extracción, como pretende el titular del Ejecutivo, esos 30 años, los años de la actual generación joven, se harían menos y estarían agotadas todas las reservas, las ahora probadas, las probables y las posibles.

El consumo nacional demanda un millón 700 mil barriles diarios. El resto, un millón 300 mil, se exporta sin que se le agregue valor mediante su transformación industrial en refinados y petroquímicos, sin generar empleos en el país, sin impactar en otras actividades económicas ni en el desarrollo regional.

Una política inteligente sería agregar valor al producto extraído de la tierra y, por tanto, ir disminuyendo gradualmente, hasta eliminar, la exportación de crudo, industrializarlo en el país, satisfacer las demandas internas de combustibles y otros petrolíferos y exportar principalmente petroquímicos.

Una decisión en ese sentido llevaría a no dejar que la Secretaría de Hacienda, con sólo criterios fiscales, siga fijando en la práctica, y más allá de lo formal, la plataforma de explotación. Ésta debiera ser una función del Congreso, del Senado en particular, pues es con base en esta cifra y en la relación que debe existir entre los volúmenes de extracción y de reservas probadas, de donde debiera partir el diseño de la política petrolera. La plataforma de explotación no debiera elevarse porque se crea, irracionalmente, sin argumentar razones, porque se tengan ganas o, lo más probable, para complacer al extranjero, que México pase de ser el sexto productor mundial a ocupar el cuarto lugar, en el que estaría mientras más rápido agota las reservas. Ésa podría ser una decisión funesta para los mexicanos de ahora y del mañana.

Y si para aumentar la explotación el gobierno está pensando en los recursos prospectivos, esto es, los que se supone existen con un volumen de 53 mil 800 millones de barriles, 55 por ciento en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, y el resto en tierra y en aguas someras, pero que todavía no se descubren y menos aún se cuantifican con precisión por haberse ya explorado mediante la perforación de los pozos necesarios para ello, sería una insensatez basar hoy el aumento de la explotación en las inciertas probabilidades que hasta este momento ofrecen los depósitos en aguas profundas, de los que para obtener producción, a partir de que se inicie su exploración, deben transcurrir entre ocho y 10 años por lo menos. La Jornada

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“El Congreso no está para dar gusto al Presidente”: Beltrones

El Congreso “no está para dar gusto al Presidente de la República”, advirtió el coordinador priísta Manlio Fabio Beltrones, quien destacó que la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) se dictaminará con base en lo planteado en los foros de discusión que se llevan a cabo en el Senado de la República.

Beltrones deploró que el PAN le apueste a la división del PRI para lograr la aprobación de las iniciativas presidenciales en materia de petróleo, en lugar de buscar acuerdos con las otras fuerzas políticas. Expuso, asimismo, que su bancada es la “tercera vía”, ya que podrá aliarse con perredistas o con panistas para aprobar “una reforma modernizadora de Pemex” que no implique la privatización o la venta de la paraestatal.

su vez, el panista Santiago Creel Miranda rechazó versiones que ligan su remoción como coordinador del grupo parlamentario del PAN con supuestos acuerdos para no llevar a un periodo extraordinario la reforma propuesta por Felipe Calderón. Lo negociado en la Junta de Coordinación Política es que una vez concluidos los foros de discusión, el 22 de julio, se procederá a dictaminar, dijo. Consideró que las iniciativas del Ejecutivo pueden aprobarse en agosto.

Sobre el punto, el coordinador perredista, Carlos Navarrete, refrendó que aunque no hay ningún acuerdo para no convocar a un periodo extraordinario en agosto, los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) harán todo lo que sea necesario para impedirlo.

Jugar con fuego

Advirtió, asimismo, que el gobierno y la bancada del PAN “están jugando peligrosamente con cerillos encendidos en medio de pozos petroleros” si insisten en lograr, a como dé lugar, la aprobación de las reformas para privatizar a Pemex.

Agregó que no ve un bloque PRI-PAN para aprobar ese proyecto. “El gobierno no cuenta con una mayoría asegurada con la suma incondicional de los priístas a su propuesta. Eso está todavía muy nebuloso y hay que verlo de aquí a julio”, comentó.

En ese lapso, añadió, el PRD seguirá con su estrategia en espera del respaldo ciudadano que se dará el próximo 27 de julio durante la consulta nacional sobre el futuro de Pemex.

Por separado, Beltrones se refirió a lo expresado por Calderón hace unos días en España en torno a que durante los foros de discusión no se ha entrado a debatir los aspectos técnicos de sus iniciativas. El priísta dijo que el Congreso “no está para dar gusto al Presidente”, ya que su trabajo es sacar lo mejor de las reformas legislativas en beneficio de la población.

Expresó, asimismo, que el rumbo y la ruta que debe acompañar la decisión de cambiar la política petrolera y la administración de Pemex “la estamos teniendo en los foros de debate, donde quienes saben nos dicen hacia dónde nos tenemos que dirigir”.

Adelantó que para el PRI es indispensable que en la reforma de Pemex se establezca “perfectamente bien qué se hará en el futuro con los recursos que nos dé la explotación petrolera, ya que deben destinarse para beneficiar a los mexicanos y, sobre todo, a los que menos tienen”.

Se suspende el foro

Debido a la realización del periodo extraordinario de sesiones, la Junta de Coordinación Política del Senado decidió reprogramar el foro de discusión que se llevaría a cabo este jueves con el tema Órganos reguladores de la actividad petrolera y energética. La Jornada

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Distribución de hidrocarburos, tarea del Estado: especialistas

La conducción y distribución de hidrocarburos en México deberá ser conducida y financiada por el Estado, coincidieron especialistas en la materia que comparecieron ayer ante el Senado de la República. A pesar de la defensa de la iniciativa de reforma del Ejecutivo federal, por parte del panista Juan José Rodríguez Prats, quien dijo que la función del Estado no es emprender negocios, la iniciativa gubernamental fue objeto de críticas.

En su intervención, Juan Pablo González señaló que se debe definir una estrategia industrial de largo plazo que incluya el abasto, disponibilidad y precios competitivos de los energéticos, que permita disminuir las importaciones en este ramo a través de satisfacer la demanda de todos los productos energéticos en condiciones competitivas.

“Se deben utilizar los energéticos para hacer crecer más nuestra economía, y que los ingresos derivados de ellos sean la plataforma y palanca para el desarrollo del país. También que la estrategia tenga la coherencia, recursos y claridad necesarios para que sea aceptada y opere en favor de México.

“Que sea capaz de comprender la situación internacional del sector y de la economía mundial, y que el país cuente con una estrategia de desarrollo basada en el mejoramiento de la competitividad, donde los precios de los bienes y servicios del sector público apoyen la creación de un entorno competitivo.”

Sobre el particular, el ingeniero Mario Nieto advirtió que la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el tema de transporte, almacenamiento y distribución, debe estar orientada a “flexibilizar la operación y dar esquemas para la obtención de recursos adicionales, sin trastocar la soberanía de nuestro país”.

No obstante, el general Jorge García Henaine advirtió que en Pemex “se han privatizado muchas áreas; la paraestatal debe ser un negocio: optimicemos a la empresa, acabemos con esa desorganización y evitemos la corrupción que lo corroe. Quienes se apoderen de su producción se van a apoderar de México”.

A su vez, el ingeniero Armando Echeverri destacó que, por su naturaleza, el negocio naviero “siempre ha sido de carácter internacional, por lo que hay que guardar condiciones de igualdad y reciprocidad manteniendo el interés de la nación por encima de los acuerdos bilaterales. Todas las exportaciones de petróleo crudo se hacen con buques del comprador, y es difícil que éstos acepten compartir el flete con el exportador por razones estratégicas de su conveniencia, a pesar de que la ley mexicana vigente habla que 50 por ciento de las exportaciones deben ser efectuadas con buques de bandera mexicana. ¿Será negocio? ¿Dónde está el dinero?”

Por su lado, el senador perredista Graco Ramírez asumió que al hablarse de energía no se manifiesta un problema ideológico, sino que en un sistema capitalista “se legitima la otra lógica, la de los inversionistas privados, que tienen la lógica de las utilidades, pues para eso están, para eso actúan en la economía. Absurdo sería pedirles que no hicieran negocios y que no se preocuparan por sus utilidades”.

No obstante, el diputado del PRI Arnulfo Elías Cordero consideró la urgencia de que a Petróleos Mexicanos se le enfoque como “una empresa que tenemos que hacer rentable, porque es de todos los mexicanos”. La Jornada

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Firman perredistas pacto para la defensa de Pemex

Ciro Pérez Silva

Mandatarios estatales, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, senadores, diputados federales y locales, presidentes y secretarios generales de las dirigencias del PRD en 29 entidades y ex dirigentes nacionales y alcaldes del sol azteca firmaron ayer un compromiso en defensa de Petróleos Mexicanos y para impulsar una consulta nacional sobre el futuro de esa empresa.

En una muestra de unidad asistieron Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Marcelo Ebrard Casaubon, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy; el de Guerrero, Zeferino Torreblanca; el de Baja California Sur, Narciso Agúndez; el representante del gobernador del estado de Chiapas, César Chávez, así como la mandataria de Zacatecas, Amalia García, quien se incorporó tarde a esta reunión para ratificar su decisión de impedir el tránsito legislativo de las reformas “privatizadoras” impulsadas por el gobierno federal y la demanda de que sea la sociedad la que decida el futuro de Pemex.

“Si el gobierno hubiera actuado con franqueza y con lealtad hacia los mexicanos, hubiera presentado una iniciativa de reforma constitucional” y no esconder en reformas a las leyes secundarias una clara violación a la Carta Magna, advirtió Cuauhtémoc Cárdenas luego de subrayar que la propia argumentación de las iniciativas que presentó Felipe Calderón en el Congreso carece de argumentos o sostiene tesis falsas respecto de la situación de Pemex.

A manera de ejemplo señaló que si en las iniciativas de Calderón se afirma que no hay capacidad técnica de la paraestatal para la exploración en aguas profundas, ésta ha perforado ya siete pozos en ese nivel y pretende hacerlo en aguas ultraprofundas.

Respecto de los señalamientos de que Pemex no tiene recursos, destacó que sólo para este año se espera un excedente de 20 mil millones de dólares y en 2007 lo hubo por 18 mil millones, mientras en años anteriores fue de 10 mil millones de dólares.

Convocó a la ciudadanía a exigir al gobierno federal que clarifique qué es lo que hay que hacer, cuándo y dónde debe hacerse con Pemex, además del monto que suponen dichas inversiones, porque hasta el momento, dijo, el Ejecutivo sólo señala que hay grandes carencias y mucho por hacer.

En su oportunidad, el mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, condenó el intento del gobierno federal panista de “darle un giro a la historia” y regresar al país a los años previos a la nacionalización del petróleo como una forma de “disculparse” ante las empresas trasnacionales por haberles quitado ese gran negocio, mientras el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, convocó a los legisladores de su partido a presentar su proyecto de reforma energética, a efecto de que la sociedad tenga claro que la posición del PRD no es sólo la de oponerse, sino la de presentar propuestas.

Durante la reunión, que se inició la mañana del martes con los trabajos de presidentes municipales, el dirigente perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, alertó sobre la necesidad de contar con la unidad y voluntad clara de todos los senadores de su partido y sumar los votos de los senadores de PRI, PT y Convergencia para poder detener la reforma de Felipe Calderón, ya que, recordó, el PAN requiere solamente de mayoría simple para aprobar tales iniciativas.

Alertó sobre la posibilidad de que “algún gobernador meta las manos” para evitar que las oposiciones logren detener la privatización de Pemex.

Trascendió también que para la consulta nacional, a celebrarse el 27 de julio, se pretende instalar 17 mil 132 mesas en los 31 estados, a las que se sumarán aquellas que se dispongan para el Distrito Federal. En este primer borrador se pretende imprimir 8 millones 500 mil boletas para una jornada que comenzaría a las ocho de la mañana y concluiría a las cinco de la tarde.

De acuerdo con las previsiones, el estado de México encabezará el número de mesas instaladas, seguido de Michoacán, Veracruz y Chihuahua en lo que corresponde a las entidades federativas, sin descontar que la afluencia de participantes será mayor en el Distrito Federal.

Los resultados se darían a conocer el 28 de julio en la sede nacional del PRD. La Jornada

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También reiteró que Pemex tiene urgencia porque el Legislativo apruebe la reforma, pero recordó que los ritmos de trabajo no corresponden a la paraest

Señala el diputado federal por Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, que Hacienda habría ofrecido incentivos de 2.5 mdd por aprobar la reforma; envía cartas a legisladores para hacerles llegar la denuncia Ricardo Gómez y Andrea Merlos
El Universal
Ciudad de México Martes 17 de junio de 2008
12:39 El diputado federal por Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, denunció esta mañana intentos de soborno hacia legisladores para aprobar la reforma energética.
En entrevista en San Lázaro, en legislador denunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría ofrecido incentivos de 2.5 millones de dólares a los legisladores que voten a favor de las iniciativas de la reforma presentadas por el Ejecutivo federal.

Dijo tener información confiable que señala que al amparo de la opacidad con que se manejan los excedentes petroleros se ha construido una bolsa para otorgar un incentivo por esa cantidad, para aprobar las reformas, lo que constituiría un fondo de mil millones de dólares.

Sobre la fuente de donde obtuvo la información dijo que es una fuente oficial que está dentro de la toma de decisiones en el gobierno federal.

El legislador federal por Convergencia no presentó ninguna prueba de sus acusaciones.

Invita Velasco a diputados transparentar su situación patrimonial

En entrevista el legislador Cuauhtémoc Velasco confirmó que han estado enviando cartas a los 499 diputados y 128 senadores para hacerles llegar la denuncia.

En la carta, de la cual EL UNIVERSAL tiene copia, se dice preocupado "porque sería muy lamentable que finalmente la votación de estas iniciativas se decidiera por ‘incentivos' y no por un debate abierto y una consulta abierta a la nación".

En el texto Velasco invita a sus compañeros legisladores a transparentar su situación patrimonial "para que luego no veamos por doquier legisladores millonarios".

En el documento Velasco anexa su última declaración patrimonial y le reitera la invitación a hacer lo propio ante la opinión pública.

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